Los demandantes alegan que «la acción de la Comisión (Conjunta de ética Pública, JCoPE, según su sigla en inglés) constituye una violación a las disposiciones de libertad de expresión y de prensa de la Primera Enmienda». Señalan, también, que si bien la JCoPE fue advertida por las firmas de relaciones públicas que la medida era inconstitucional, «su respuesta fue seguir adelante, haciendo caso omiso del impacto».