Coca quiere volver a brillar frente al obelisco |
Luego de un año de que despertara una polémica «de entre casa», Coca-Cola de Argentina salió a denunciar al polémico juez que la obligó a apagar un cartel luminoso frente al obelisco de Buenos Aires. El juez Gallardo, un verdadero azote al gobierno porteño de Mauricio Macri, funcional a la oposición de izquierda en la ciudad de Buenos Aires, había ordenado apagar un cartel LED en la tradicional esquina de Corrientes y 9 de Julio por una denuncia privada por ser supuestamente «muy luminoso».
Coca quiere volver a encender el cartel de 90 metros cuadrados, que colocó tras firmar un acuerdo con el gobierno de la ciudad. La denuncia contra el cartel, de un grupo de legisladores fieles al depuesto intendente Aníbal Ibarra, argumentaba que violaba el código que regula la publicidad en vía pública.
Ahora Coca denunció al polémico juez, que se convirtió en azote de empresas y el gobierno porteño, ante el Consejo de la Magistratura de la ciudad por mal desempeño.
La movida le puede servir a Coca para «reacomodar» los tantos en la opinión pública porteña, ya que la insólita prohibición del cartel le generó un debate conflictivo en los medios no buscado por la multinacional de origen norteamericano. Algunos periodistas se ubicaron del lado de la oposición al gobierno y contra la multinacional norteamericana argumentando, como el juez, que de noche el cartel ilumina demasiado.
Coca busca ahora una multa para el conflictivo juez, pero la causa puede ir más allá.
La empresa de las gaseosas denunció a Gallardo por una serie de irregularidades en el modo en que llevó la causa, violando principios constitucionales tales como el derecho de defensa en juicio en diversas instancias. Entre otras arbitrariedades, el juez ordenó medidas dilatorias e incumplió plazos procesales difirieron el tratamiento del caso. Esta dilación del proceso ocasiona día a día mayores daños y perjuicios para la empresa y agrava aún más la situación.
Coca Cola había acordado en septiembre pasado, pese a que afirma que «cumple con todas las pautas legales», a realizar estudios de impacto lumínico y a aplicar sus resultados. Además, espera la homologación. Sin embargo, desde la empresa se quejan de que el magistrado ahora les está solicitando «que se conforme un comité interdisciplinario integrado por expertos de la Universidad de Buenos Aires», algo que entienden como desmedido por parte del juez.
Por otro lado, la preocupación de la multinacional es que la empresa obtuvo la autorización para la pantalla por el plazo de cinco años, y a fines de abril se cumplió el primer año de licencia y apenas la pudo tener encendida 15 días, ya que se inauguró el 2 de junio de 2010 y se apagó el 17 del mismo mes.
La empresa realizó una inversión de 8 millones de dólares para poner en Buenos Aires una pantalla única en la región, y cada día apagada tiene costo.
Gallardo podría sufrir un juicio político, y el gobierno de la ciudad al que el magistrado pone permanentemente «palos en la rueda», no estaría en desacuerdo.