Activistas
lograron congelar, con gran impacto mediático, el proyecto de una mina
de oro por la empresa canadiense Osisko en la localidad de Famatina. Los
manifestantes locales tuvieron no solo el acompañamiento de ONG
ambientalistas, como Greenpeace, sino que tuvieron el apoyo de buena
parte de la clase media argentina en las redes sociales.
El
episodio tomó estado público nacional cuando, en enero, durante una
discusión entre representantes de la empresa y miembros de la comunidad
local antiminera se descubriera que Osisko había realizado un mapeo de
los activistas. Un documento en ese sentido cayó en manos de los
manifestantes y fue mostrado a los medios como “listas negras” con todo
el contexto negativo que tiene esa calificación.
La
Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que agrupa a la mayoría
de los operadores que desarrollan tareas de exploración, construcción y
producción de proyectos mineros en Argentina, eligió inicialmente no
intervenir en la crisis que ahora pone en duda la viabilidad del
proyecto de Famatina, dado que Osisko no formaba parte de la cámara, y
algunos de los flamantes ejecutivos de PR del sector lo consideran un
error. “Es tan sensible la opinión pública argentina y falta tanta
información y conciencia sobre la minería, que la cámara debería tomado
cartas inmediatamente en toda actividad de riesgo para la imagen del
sector, se trate o no de socios”, dijo un ejecutivo.
Las
protestas en Famatina reavivaron manifestaciones contra una de las
minas más “antiguas” desde que funciona la legislación que permitió
fuertes inversiones mineras en Argentina, hace casi dos décadas: Bajo La
Alumbrera, de la suiza Xstrata. Esa empresa estaría buscando reforzar
su departamento de PR y ya estaría sondeando el mercado.
Barrick,
que recientemente contrató al ex Endesa Miguel Giménez Zapiola como
director de PR y éste reforzó el equipo con el ex YPF Federico
Ethiennot, para relación con los medios, y al ex IBM Jonathan
Thienemann, para Public Affairs.
La
preocupación de las mineras sobre el efervescente estado de la opinión
pública argentina en contra de la actividad es razonable, si se toma
como antecedente el caso de la canadiense Meridian Gold, que intentó
desarrollar una mina de oro en Esquel, en la patagónica Chubut, y debió
desistir tras un plebiscito municipal. La mina nunca se desarrolló, como
es altamente probable que el proyecto de Famatina no se desarrolle.
De
hecho la modalidad de la protesta, un piquete en la ruta, recuerda al
corte del puente binacional entre Argentina y Uruguay en Gualeguaychú,
que demandó un lustro y un grave conflicto diplomático hasta que fue
levantado.
Ahora
la empresa promete lanzar una campaña de información sobre la población
“para obtener licencia social”, aunque le será muy difícil, sino
imposible, cambiar una opinión ya solidificada. La clave, para el resto
del sector y su cámara, será afianzar sus vínculos y la calidad de la
información.
Esta
crisis tiene además, un ingrediente más complejo: el rol de las
autoridades agravando la situación. El propio gobernador de la provincia
de La Rioja, Luis Beder Herrera, había prometido prohibir la minería, y
ahora, sin dar muchas explicaciones, está a favor con el argumento que
es la única actividad que puede independizar a la provincia de vivir
exclusivamente de aportes nacionales. Esta actitud de ganar elecciones
sumándose al clamor ambientalista para luego adherir a la minería no
contribuye a generar mejor opinión pública.
De
hecho, el documento que había caído en manos de los manifestantes
antimineros indicaba que el gobierno provincial se encargaría de obtener
la licencia social para que el proyecto fuera viable.
Sin
embargo, salvo excepciones, como el gobernador Luis Gioja, de San Juan,
las autoridades argentinas, especialmente las nacionales, han
demostrado incapacidad o falta de interés por asumir el costo político
de explicar las ventajas y abordar los riesgos de la minería, en un país
que podría convertirse en la mayor potencia minera del mundo, pero en
el que la actividad es impopular.
Otro
de los issues centrales, que el programa inicial de comunicación de la
CAEM contemplaba como problemático, es la falta de credibilidad en la
capacidad de control del Estado argentino.