The
New York Times publicó en su edición del domingo que en 2005 un abogado
de Wal-Mart recibió un correo electrónico de Sergio Cicero, un ex
ejecutivo de la mayor unidad extranjera de la compañía, Wal-Mart de
México, describiendo cómo la filial había pagado sobornos para obtener
permisos para construir locales en ese país.
Wal-Mart
envió investigadores a la Ciudad de México que encontraron pruebas de
cientos de pagos sospechosos por un total de más de 24 millones de
dólares, pero los máximos líderes de la compañía cerraron la
investigación y no notificaron a los funcionarios de seguridad de
Estados Unidos o México, informó el New York Times.
La
operación de presuntos sobornos habría sido llevada a cabo por
“gestores” o lobbyistas. En general se trataría de estudios de abogados
con la misión de llevar “sobres” a funcionarios, generalmente de ámbitos
municipales, para “aceitar” aprobaciones de construcción, aprobar
estudios de impacto ambiental o directamente cambiar mapas de
zonificación barriales. Esos trámites hubiesen demorado más sin sobornos
o, en algunos casos, sus resultados podrían haber sido negativos.
Según
el diario, el actual presidente ejecutivo de Wal-Mart, Mike Duke, y su
predecesor, Lee Scott -quien aún es parte del directorio de la
compañía-, están entre los altos ejecutivos que al parecer estaban al
tanto de la situación.
La
reacción de las máximas autoridades de comunicación de Wal-Mart fue,
hasta ahora, emitir un comunicado (el sábado, cuando el diario publicó
la investigación en la edición on line) diciendo que la empresa estaba
«profundamente preocupada» por las acusaciones hechas en el reporte del
Times y que habría comenzado una investigación sobre el cumplimiento de
las leyes anti-soborno el pasado otoño. Se negó a que alguno de sus
ejecutivos hiciera comentarios y dijo que la investigación estaba en
proceso.
“Cumplimos
con la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA, por su sigla en
inglés) seriamente y estamos comprometidos con un programa global
anticorrupción en cada país en el que operamos. No toleramos ni
toleraremos incumplimiento con la FCPA en ninguna parte y en ningún
nivel de la compañía”, dice el comunicado emitido por David Tovar, el
máximo directivo de comunicación de la cadena de hipermercados, que es
nada menos que la empresa de mayor facturación a nivel mundial.
El
comunicado también apunta a remarcar la antigüedad de los hechos como
una forma de relativizar actualidad de la noticia: “Muchas de las
actividades alegadas en el artículo del New York Times tienen más de
seis años de antigüedad”, dice, pero inmediatamente admite: “Si esas
sospechas llegaran a ser verdad, no son un reflejo de lo que somos ni de
nuestros principios. Estamos preocupados por esas denuncias y estamos
trabajando agresivamente para determinar qué sucedió”.
La
gacetilla también revela que “el año pasado iniciamos una investigación
interna en relación con la FCPA. Notificamos a nuestro Comité de
Auditoría y Junta de Directores y creamos un proceso para garantizar la
independencia de la investigación”.
También
revela que “contratamos asesores legales externos y peritos contables
expertos en la FCPA para que conduzcan una investigación completa e
independiente. Estamos informando regularmente a nuestro Comité de
Auditoría y Junta de Directores, el Departamento de Justicia y la SEC”.
Agrega que “hemos tomado una serie de medidas en México para cumplir más
firmemente con la FCPA. Implementamos mejoras en el cumplimiento de la
FCPA que incluyen:
* políticas y procedimientos más sólidos;
* controles internos;
* entrenamiento;
* mejoras en los proceso de auditoría y,
* emitimos protocolos de remediación.
El
comunicado oficial agrega que “adicionalmente nombramos a un director
de cumplimiento con la FCPA en México, que reporta directamente a la
casa matriz en Bentonville. La investigación continúa y estamos
comprometidos con llegar al fondo de la cuestión”.
En
uno de los puntos finales del largo statement informa que «en marzo de
2011, Walmart contrató a Greenberg Traurig y a KPMG para revisar y
evaluar el programa global anticorrupción y que ese proceso está en
marcha en todos los mercados en los que opera la cadena”.
Sin
embargo, anticipa que su política de comunicación será, por un tiempo,
el “no comment”: “A esta altura no tenemos una explicación completa de
qué pasó. Lamentablemente, creemos que, hasta que no concluya la
investigación, habrá preguntas que no podremos responder. Sería
inapropiado que comentemos sobre denuncias específicas hasta que
terminemos nuestra investigación y tengamos mejor conocimiento de qué
pasó. Desearíamos poder decir más, pero no vamos a poner en riesgo la
integridad de la investigación”.
La
compañía ha estado trabajando en su imagen durante años. En el 2006,
Leslie Dach se incorporó como vicepresidente ejecutivo de Asuntos
Corporativos. Antes de unirse a Wal-Mart, Dach se desempeñó como
vicepresidente de la agencia de PR Edelman, su principal consultora en
Estados Unidos, donde dirigió la oficina en Washington, entre otras
áreas. También fue previamente un estratega en la política demócrata,
trabajó en una serie de campañas presidenciales y sirvió en el gobierno
de Bill Clinton.
Según
un informe de la agencia de noticia Reuters, incluso si no hay cambios
inmediatos en la alta gerencia de la cadena, expertos en leyes de
soborno dijeron que Wal-Mart se verá obligada a dedicar millones de
dólares y enormes cantidades de mano de obra a la investigación.
«El
artículo del New York Times pinta un panorama preocupante para
Wal-Mart, que probablemente tendrá ocupada a la compañía en los próximos
años», dijo a la agencia de noticias Michael Koehler, profesor de la
Universidad de Butler y un experto en la FCPA, una legislación de la
década de 1970 que prohíbe los sobornos a funcionarios de gobiernos
extranjeros.
Richard
Cassin, un abogado de la FCPA, dijo que Wal-Mart enfrenta una batalla
cuesta arriba para convencer a los reguladores de Estados Unidos de que
sus problemas se limitan a México.
«Antes
de que cualquier resolución con las autoridades de Estados Unidos sea
posible, la empresa tiene que mirar debajo de cada piedra por cualquier
posible corrupción. ¿Hay problemas similares en China u otros países?
Eso es lo que las autoridades de Estados Unidos van a querer saber. Los
accionistas de Wal-Mart se harán la misma pregunta», explicó.
Cicero
identificó a Eduardo Castro-Wright como la fuerza impulsora detrás de
años de corrupción, según el Times, añadiendo que ningún representante
de Walmex ha sido sancionado.
Castro-Wright
se convirtió en presidente ejecutivo de Walmex en 2003 y fue nombrado
presidente ejecutivo de Wal-Mart de Estados Unidos en 2005.
El
pasó a ser vicepresidente en 2008 y lideró el comercio electrónico a
partir de 2010 hasta enero de este año, y tiene previsto jubilarse el 1
de julio. No pudo ser contactado para hacer comentarios.
Wal-Mart,
que emplea a 2,2 millones de personas y tiene más de 10.000 tiendas en
todo el mundo, es a menudo blanco de activistas que argumentan que paga
mal a sus trabajadores y que sus tiendas en expansión sacan del negocio a
las más pequeñas, entre otros temas.
Las acusaciones de soborno han dado a los críticos carne fresca.
«Esto
va a tener enormes implicaciones para el liderazgo actual. Francamente,
es difícil imaginar cómo Mike Duke puede seguir siendo un CEO
(presidente ejecutivo) creíble dado el reporte del Times», dijo John
Marshall, analista de mercados para el programa United Food and
Commercial Workers (UFCW), que posee acciones de Wal-Mart.
«Parece
que en los momentos claves él estaba consciente de lo que estaba
pasando y aparentemente pudo haber participado en el encubrimiento»,
agregó.
Duke
entró a Wal-Mart en 1995, ha estado en su directiva desde 2008 y ha
sido su presidente ejecutivo desde 2009. Sustituyó a Scott, quien se
desempeñó como CEO desde 2000 hasta 2009 y ha estado en la junta desde
1999.