“Me
parece que los empresarios hoy están un poco desorientados. Estas cosas
los desorientan y los pone ante una serie de interrogantes que no saben
bien cómo responder y por eso se mantienen en silencio, y lo bien que
hacen en mantenerse en silencio”, dijo el hombre de consulta en public
affairs de muchas de las grandes corporaciones empresarias de la
Argentina en La Hora de Maquiavelo, el programa sobre comunicación política y empresaria que conduce Diego Dillenberger (canal Metro, domingo 22 horas).
Luego
de la confiscación de la empresa, en la que sus principales directivos
fueron literalmente echados a la calle y el Gobierno tomó propiedad de
la petrolera privatizada mediante un decreto de una antigua dictadura
militar y sin que mediara una previa ley de expropiación (que ahora el
Gobierno tramita en el Congreso), la única entidad que emitió, casi una
semana después, un tibio comunicado fue la Asociación Empresaria
Argentina (AEA). En él defiende a la iniciativa privada como motor del
desarrollo y reclama al Gobierno que asegure un marco de previsibilidad y
respeto a los contratos y la propiedad privada dentro de reglas
democráticas, advirtiendo sobre las consecuencias negativas para la
economía argentina que podría tener la forma en que el Gobierno expropió
YPF.
Del resto del mundo empresarial solo hubo silencio.
“Yo
creo que ese silencio se da porque no entienden si esta acción se debe a
un movimiento fuertemente ideológico o a una cuestión más bien
pragmática destinada a poder hacerse de una caja nueva”, explicó Starke.
Para
el consultor, el empresariado no tiene el diagnóstico adecuado de esta
polémica acción del gobierno argentino que causó alarma en la comunidad
internacional. “Algunos empresarios creen que hay una tendencia
ideológica detrás de la confiscación y su presentación ante la sociedad
como un acto patriótico. Ven que los chicos de La Cámpora están ganando
terreno, y esto podría decir que vamos a una estatización de la
economía”. Para Starke también hay otros empresarios que lo miran “con
mayor realismo” y afirma que él se ubica en este grupo. “Yo me inclino
por esta hipótesis, y eso les digo a los empresarios con los que hablo.
No digo que detrás de esto no haya ideas, valores e ideología, pero no
son determinantes en esto. Lo determinante es la caja. Me parece que es
un gobierno que sabe que necesita recursos para mantener andando lo que
ellos llaman ‘el modelo’, y mi impresión es que esto apunta a tener una
caja resguardada”.
La
brutal confiscación de YPF tendría más de 60 por ciento de aprobación a
nivel nacional, según un sondeo de la encuestadora Poliarquía. Otra encuesta,
realizada en la ciudad de Buenos Aires por Isonomía y presentada en el
programa, arroja un nivel de aprobación algo superior al 40 por ciento,
aunque muchos de esos mismos encuestados dudan de que el gobierno
argentino maneje a la reestatizada petrolera mejor que los españoles de
Repsol.
Argentina,
que había alcanzado en los 90, con la privatización parcial de YPF, la
soberanía energética, la perdió una década más tarde con su venta total a
Repsol y una política energética a todas luces equivocada. Hoy se
encuentra en una crisis de constante caída de reservas de hidrocarburos
con necesidades crecientes de importaciones.
Un
acuerdo entre el propio gobierno kirchnerista y Repsol, para darle el
control de la empresa a un empresario amigo del ex presidente Néstor
Kirchner, para que los españoles pudieran retirar todas las utilidades
de la empresa, culminó en una fortísima caída de la producción de
combustibles y el crónico desabastecimiento del mercado.
El
entrevistador, Diego Dillenberger, planteó que la confiscación fue una
forma de buscar un chivo expiatorio a los nueve años de política
energética errada y, dado el rédito en imagen que supuso la confiscación
de YPF para la presidenta Kirchner, podrían estar planeando más
expropiaciones para disipar culpas por otros fracasos de las políticas
económicas del Gobierno.
En
una encuesta publicada en La Hora de Maquiavelo semanas atrás se
mostraba cómo la opinión pública veía en los empresarios a los
principales responsables de la inflación en la Argentina, lo que
facilitaría al Gobierno terminar de echarles la culpa y expropiar a
empresas que suban precios o se nieguen a abastecer el mercado a
pérdida.