Sin
embargo, el pasado 18 de abril, la CEO del Instituto Colegiado de
Relaciones Públicas (CIPR, en inglés), Jane Wilson, le sugirió a Harper
que “contar con una definición precisa [de lobbying] no sólo dejará en
claro el alcance del registro, sino que también determinará si [la
iniciativa] realmente podrá lograr el objetivo del Gobierno de
transparentar el proceso de lobbying”.
Con
este propósito, el CIPR encargó al despacho de abogados Berwin Leighton
Paisner bosquejar una definición de cinco páginas, cuyo punto central
es que tiene que incluir a todas las actividades diseñadas “para influir
en el gobierno y políticas oficiales”.
Keith
Johnston, miembro del CIPR y reconocido profesional del sector, dijo a
la publicación PRWeek que la definición “podrá ser fácilmente aplicada a
situaciones concretas, y que el lobbying reciente sobre los impuestos a
la caridad dejó en claro que las organizaciones benéficas ya no pueden
quedar al margen de esta definición”.
El
CIPR sugirió que un grupo de trabajo integrado por profesionales de la
industria y el Gobierno discuta una definición preliminar antes de que
la legislación sobre lobbying sea bosquejada.