“Aparición con vida y castigo a los culpables”. Esa fue la consigna principal en el caso de las organizaciones de derechos humanos contra las desapariciones forzadas de la dictadura militar. “Dónde está Santiago Maldonado” es la consigna con la que organismos políticos vinculados al kirchnerismo intentaron general un falso caso de desaparición forzada.
Parafraseando a esas consignas se podría preguntar ¡Dónde está la contaminación de Botnia! que pronosticaron los seudo ecologistas. Se trataba de aquella planta de celulosa por la que el gobierno del presidente Néstor kirchner junto al gobierno del gobernador entrerriano Jorge Busti generaron un verdadero delirio colectivo con desinformación y grandes mentiras que por entonces los medios y la sociedad reproducían acríticamente.
El gobierno populista había encontrado un tema para amalgamar a buena parte de la opinión pública mientras se generaba la crisis del default y el país desbarrancaba en la inflación crónica: la protección al medio ambiente.
Por supuesto que se reclamaba a Botnia por una contaminación que 10 años más tarde se pudo comprobar que no existió, tal como afirmaba la empresa finlandesa. Las pasteras argentinas tenían una tecnología mucho más antigua y contaminante que la de la empresa que decidió instalarse en Uruguay, porque los gobernantes argentinos le habrían pedido comisiones desproporcionadas.
En la siguiente columna publicada por el diario El Cronista explicamos porque la falsa maniobra en torno a la muerte del activista Santiago Maldonado tiene un vínculo con el armado absurdo de ecologistas y políticos oportunistas de turno de aquel entonces, que no sólo llevaron a la Argentina al borde de una ruptura diplomática con la hermana República del Uruguay, sino que lograron impedir –quizás para siempre- el desarrollo de dos grandes industrias en el país: la maderera y la papelera. que hoy florecen en Uruguay. De hecho, Argentina perdió en todas las instancias ante el tribunal de La Haya al que decidió ir, y un estudio de la UBA sobre la presunta contaminación se terminó manteniendo en secreto porque no arrojó resultado alguno.
Como se aproxima el debate sobre la reglamentación de la ley de glaciares, que tiene el potencial de convertirse en otra locura como la de las pasteras, estaría bueno que los comunicadores del gobierno y del sector minero tengan presente los errores de comunicación que se cometieron en el caso de Botnia.
Estaría bueno que los argentinos dentro de 10 años no deban arrepentirse de haber sacrificado a otro sector industrial, como el de la minería, así como 10 años atrás perdieron la posibilidad de tener una industria pastera exportadora de primera línea y tecnología, como la tiene el Uruguay gracias al oportunismo de políticos populistas y a un debate con ánimos caldeados y sin rigor científico. Una propuesta para que el debate se encarrile fuera de las histerias colectivas.
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Es casi un ícono la imagen de Aldo Leporati bebiendo frente a un grupo de periodistas el agua que la pastera finlandesa Botnia (hoy UPM) vertía al río desde la uruguaya Fray Bentos. El consultor de relaciones públicas estaba solo en la tarea de demostrar que eran falsos los pronósticos de la más terrible contaminación que esgrimían los ambientalistas, el gobierno de la provincia de Entre Ríos y el propio gobierno nacional del presidente Néstor Kirchner.
Se cumplen diez años de esa foto que publicaron los diarios de entonces y de que la planta empezó a funcionar. No se cumplió ninguno de los pronósticos apocalípticos. No se registra más contaminación del agua, del aire y la tierra que la que ya había y provenía de la propia ciudad de Gualeguaychú, que vierte aguas servidas sin tratamiento. Recordemos que de esa ciudad brotaba el principal ecologismo anti-pasteras.
Botnia, que originalmente quería instalarse en la provincia de Entre Ríos para aprovechar el enorme potencial forestal de esa provincia, terminó siendo la piedra basal de una pujante industria de pasta celulósica en Uruguay. Los medios de aquellos años recuerdan que el rechazo a la instalación de la papelera en la provincia argentina estuvo fomentado inicialmente menos por las convicciones ecologistas del entonces gobernador kirchnerista Jorge Busti, sino por exigencias económicas extraoficiales que los finlandeses consideraron desmedidas. El ambientalismo vino después, cuando los fineses eligieron al Uruguay.
Breve historia: no solo se llegó a una virtual ruptura de la relación con la hermana república del Uruguay. Ambos lados sufrieron enormes pérdidas económicas por el piquete al puente binacional durante casi tres años (activismo financiado por los gobiernos nacional y provincial), sino que Argentina perdió una gran oportunidad de aportarle valor agregado industrial a su potencial forestal. Y desde la provincia, por ley, ni siquiera puede pasar la madera argentina destinada a la industria papelera uruguaya: las pérdidas son argentinas, la industria papelera, uruguaya.
Fue el resultado de tratar con liviandad y sin rigor científico el tema ambiental y de la ausencia de comunicación profesional anticipada por parte de la empresa. Ejemplo: afirmaban que Botnia generaría lluvia ácida y dañaría las cosechas en Argentina. Solo años después, el gubernamental INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) salió a explicar que eso era imposible porque ningún componente que pueda generarla se usa en la producción de celulosa. Sí en la siderúrgica, industria presente en Argentina, no en Uruguay.
Lo mismo pasó con la guerra de Greenpeace contra Shell por la plataforma submarina agotada Brent Spar en el Mar del Norte en 1995. Greenpeace usó estimaciones falsas sobre la cantidad de petróleo que se hundiría en el mar para su deposición final. A un alto costo, luego de los boicots de carga de nafta y una gran pérdida de imagen, Shell debió invertir millones para desactivarla en tierra. Finalmente, la petrolera pudo demostrar que las cifras de Greenpeace eran falsas. Pero marche preso: las posteriores disculpas de la organización ambientalista no llegaron a las primeras planas.
La industria minera argentina se enfrenta ahora a un desafío similar: se aproxima el debate sobre la reglamentación de la ley de Glaciares. El foco estará en la definición de qué es “periglaciar”. Si se toma la versión ecologista que dice que cualquier lugar de la cordillera en el que haya un manchón de nieve debe ser protegido, se daría por terminado el 80 por ciento de esa industria. La oposición no solo viene del ambientalismo, sino –como con Botnia- incluso del propio gobierno: la poderosa diputada Elisa “Lilita” Carrió ya avisó que quiere la reglamentación más estricta. Y no está sola dentro del gobernante Cambiemos.
Los mineros sostienen que no dañarán los glaciares, no afectará el agua en la zona cordillerana, pero que si la reglamentación incluye prohibir la minería en la zona periglaciar, Argentina se perderá de exportar minerales como hoy lo hace Chile: 50 mil millones de dólares, o diez veces más que nosotros hoy.
La comunicación de los ecologistas siempre resulta más creíble que la de las empresas: juegan de local en los medios y las redes sociales.
Leporati, el consultor de comunicación contratado por Botnia para enfrentar la crisis solo y tardíamente, todavía está esperando las disculpas de los ecologistas de entonces. Hoy el consultor de la agencia de comunicación Porter Novelli les recomienda a los mineros en base a su experiencia “comunicar proactivamente y anticiparse en su comunicación. No esperar a que la crisis ya esté instalada. Deben elaborar un plan de comunicación hacia todos los públicos, incluso aquellos que hoy no tienen en cuenta. Recordemos que Botnia solo pensó comunicar al público uruguayo y no tuvo en mente el elefante que se estaba gestando a la otra orilla del río”.
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