Clarín, en blanco tras el bloqueo: los RR.PP. salieron a defender la libertad de prensa |
Ya lo había hecho hace dos años, cuando comenzaron los ataques del gobierno al Grupo Clarín, el mayor multimedios de la Argentina. Por entonces el Consejo había galardonado a Jorge Rendo, el director de PR y Asuntos Públicos de la empresa en lo que él mismo definió como su «peor año»: el gobierno había impuesto con una mayoría saliente y deslegitimada una polémica ley de medios al solo efecto de destruir a Clarín, hoy uno de los grupos de medios independientes más críticos del gobierno. El gesto fue fuerte y contundente: la asociación que agrupa a los profesionales de comunicación de las principales empresas y consultoras, frecuentemente silenciosas, daba una clara señal a favor de la libertad de prensa y pluralidad de opinión.
Ahora lo volvió a hacer con el escandaloso bloqueo a la salida del diario, que por primera vez desde el retorno de Argentina a la democracia consiguió evitar que la edición dominical completa llegara a los kioskos.
En el trasfondo está la amenaza del capo sindical Hugo Moyano de «ir a la puerta de los medios» que informen sobre una investigación de la justicia suiza por presunto lavado de dinero, que lo involucra. Moyano y su agrupación gremial CGT es el principal sostén político del gobierno. Pero también está en el trasfondo la desembozada declaración de guerra del gobierno a Clarín y otros medios críticos de su gestión.
Ayer el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina, que preside Gustavo Pedace, manifestó su preocupación ante el bloqueo a los diarios Clarín y La Nación.
En su comunicado, el Consejo dijo que «expresa su preocupación por el bloqueo que impidió la salida, el pasado 27 de marzo, de la edición dominical del diario Clarín y dificultó la del diario La Nación. También rechaza todas las acciones que de alguna manera limiten la libertad de expresión».
Si bien el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó tras el piquete, de 12 horas de duración, que no interpretaba el ataque como violación a la libertad de prensa, sino como «conflicto sindical» de la empresa, la administración kirchnerista se encargó de dejar implícitamente claro que el piquete tenía el visto bueno de la presidenta: la agencia noticiosa gubernamental Télam informó que se había producido el ataque una hora antes de que siquiera empezara, y la policía desobedeció la orden de la Justicia de liberar el ingreso a la imprenta. Esos dos elementos le dan al hecho, grave en sí mismo, una dimensión política alarmante e inusitada. Medios no oficialistas y periodistas independientes hablaban ayer de una desviación del gobierno hacia el fascismo y el autoritarismo. El bloqueo fue criticado por medios de comunicación y organismos multilaterales de todo el mundo.
En ese marco, el apoyo del Consejo contrasta con el habitual silencio empresario y adquiere mayor relevancia política. El comunicado del Consejo agrega que «una democracia republicana se enriquece con el debate de ideas y proyectos que se producen tanto en los ámbitos parlamentarios como en los medios de comunicación. Atentar contra los medios, empobrece la vida pública». Continúa que «las nuevas tecnologías han aumentado las posibilidades de expresar opiniones a los distintos públicos. Sin embargo, éstas no reemplazan a los medios tradicionales. La información nunca es excesiva: contribuye a la trasparencia de los diferentes ámbitos de la vida pública y, en consecuencia, mejora la calidad de las instituciones».
Y finaliza con una clara alusión al estilo autoritario y violento que está caracterizando al gobierno y, particularmente, a la central sindical CGT del sospechado jerarca gremial Hugo Moyano: «No debemos olvidar la importancia del diálogo como herramienta para la solución de los conflictos».