La revista digital Bloomberg Businessweek publicó recientemente una extensa investigación que pasó inadvertida en los medios argentinos sobre el lobbyista que defendió en los medios de Estados Unidos a los fondos buitre (hedge funds) que finalmente lograron cobrarle a la Argentina bastante más que lo que el país había ofrecido en los dos canjes que propuso el gobierno kirchnerista tras el default de 2002.
Se trata de James K. Glassman, ex subsecretario del State Department, un personaje al que la revista digital describe como una clásica figura de Washington que da la impresión de ser un gran sabio de la geopolítica.
Es interesante comparar el éxito de Glassman con el fracaso de los bonistas argentinos que reclamaban compensación por la estafa de la inflación manipulada por el kirchnerismo y que no acudieron a servicios de lobbying como los “buitres”.
Glassman es autor de libros best seller y fundador de un think tank reconocido Estados Unidos.
La nota de Businessweek, firmada por Zachary Mider y Ben Elgin, describe a Glassman como un engranaje clave de Washington en la formación de leyes y explica cómo dio testimonio ante el Congreso sobre el default de la Argentina sin explicitar que estaba trabajando para uno de sus clientes que a su vez estaba litigando contra Argentina. Concretamente para el fondo Elliott Capital. Este “fondo buitre” ganó 2 mil millones de dólares comprando bonos defaulteados y obteniendo un mejor acuerdo que el canje mal gestionado por el gobierno kirchnerista una década atrás. Ganó casi 400 por ciento sobre lo que invirtió 15 años antes del acuerdo por los “hold outs” de 2016. Argentina desembolsó para dejar atrás ese capítulo casi 10 mil millones que obtuvo tras su primera colocación de bonos en una década y media.
Para los autores, Washington es una fábrica de leyes, y lo que hace Glassman es proveer la materia prima adecuada para que esas leyes salgan de una manera y no de otra.
El cabildero de 71 años sería uno entre media docena de lobbyistas de Washington que trabajan para fondos buitre que no sólo tienen mala imagen en el tercer mundo sino también en Estados Unidos. Su agencia de asuntos públicos se llama DCI y es la más importante de todas.
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Es interesante comparar los resultados de estos fondos con el fracaso que han tenido litigantes en Argentina tanto en los gobiernos peronistas e incluso en el de Cambiemos. Recientemente un grupo de bonistas que reclamaba legítimamente al gobierno de Cambiemos la diferencia del cupón CER (qué es una indexación por inflación que otorgaban los bonos entregados en el canje tras la pesificación asimétrica que se les concedió a los ahorristas en dólares atrapados en el famoso corralito) fueron rechazados por la justicia sin que hubiesen acudido esos estafados a ninguna clase de comunicación ni lobbying. El monto que reclaman los tenedores de bonos con cupón CER es similar al que Argentina desembolsó para cerrar el litigio con los fondos “buitre” de Wall Street.
El gobierno de Cambiemos argumentó que el índice de inflación con el que se calculó durante el kirchnerismo el pago del cupón indexado por el alza de precios era absolutamente correcto. Más allá de que esta argumentación falaz le puede terminar jugando en contra en el largo plazo al propio gobierno, los bonistas damnificados estaban perfectamente en condiciones de haber acudido a servicios de comunicación de primer nivel que los ayudaran – como lo hiciera Glassman con los fondos buitre. No les hubiese costado demasiado conseguir la atención de la opinión pública y los medios explicando que el gobierno del presidente Mauricio Macri no podía desconocer que los índices oficiales de inflación de los últimos 8 años fueron falsificados por el Indec, intervenido patoterilmente por el gobierno kirchnerista.
Hubiese podido apelar a la moral de que Cambiemos no imite en eso al kirchnerismo. Pero podría haberle hecho ver al gobierno del presidente Macri que asumir que Cristina Kirchner mentía con la inflación le hubiese servido para exponer el verdadero “corazón” de ese relato mentiroso: que los “K” mentían con todas sus estadísticas. Un beneficio inmediato: Cambiemos podría haber explicado mucho mejor la necesidad de cambiar el cálculo de indexación jubilatoria -debido a que ya no se miente más la inflación- y quizás hubiese evitado que la oposición se aprovechara de la medida para generarle grandes costos en imagen al presidente Macri. Más aún: al gobierno de Cambiemos le hubiese servido de oportunidad para mostrar una de las peores “bombas de tiempo” que le dejó el kirchnerismo y sobre las que incomprensiblemente le cuesta tanto hablar.
Los bonistas locales invocaron los índices de precios de la ciudad de Buenos Aires -gobernada en ese momento por el alcalde Mauricio Macri- así como los cálculos de inflación que publicaban alternativamente otras provincias y el propio Congreso haciendo una compulsa entre economistas independientes.
Sin embargo, la justicia silenciosamente falló en contra de estos bonistas aduciendo que la inflación publicada por el gobierno kirchnerista “era correcta y estaba perfectamente bien medida”, tal como sostiene ahora la Casa Rosada y en contra de toda evidencia, ya que se sospecha de que los índices reales de inflación duplicaban o triplicaban los publicados por el manipulado INDEC.
A la luz de este fracaso de los bonistas argentinos luce muy exitoso el trabajo de asuntos públicos de Glassman en Washington.
En el centro de su estrategia estaba instalar la idea de que los fondos no eran otra cosa que pobres víctimas de la codicia de gobiernos corruptos y que los fondos tenían grandes bases de apoyo. Así es como se orquestaron manifestaciones en la calle frente a las oficinas de los abogados de Argentina mostrando un apoyo popular artificial con un enorme muñeco inflable de una rata con un cartel que rezaba “Soy la rata del G20” y el objetivo de echar a la Argentina de ese importante grupo, que ahora se reunirá por primera vez en Buenos Aires a instancias del presidente Macri. En la oportunidad en que pusieron en la calle a la “rata del G20” estaba dando un discurso el ex vicepresidente Amado Bodou.
El artículo es muy crítico de los fondos Buitres que contratan los servicios de lobbying y grass roots artificiales para abogar por diferentes causas dependiendo de lo que convenga en ese momento según las cotizaciones de sus bonos.
Lo que no hace el artículo es reconocer que estos profesionales, como Glassman, son sumamente efectivos para conseguir sus objetivos.
La nota de Bloomberg describe que DCI fue fundada en 1996 por tres veteranos de la Tabacalera Reynolds. Eran especialistas en lo que en la jerga de Estados Unidos se denomina astroturf: un término irónico que proviene del césped sintético de los estadios en oposición al término grassroots, que describe el activismo político y social de bases auténticas. La idea detrás de estas campañas era generar la impresión de que había amplio rechazo a la forma de negociar la deuda por parte de Argentina incluso fuera de Wall Street.
Hoy la agencia DCI cuenta con 140 empleados en Washington y Bruselas y tendría una facturación de 60 millones de dólares anuales. Y James Glassman fue el mejor alumno de muchas temas en Washington, sostiene Bloomberg. Autor de algunos best seller sobre temas de la economía de internet en los 90, Glassman creó una publicación online llamada Tech Central Station, que en realidad no era otra cosa que una plataforma de lobbying para grandes empresas tecnológicas como Microsoft y At&t.
La nota de Bloomberg destaca que buena parte de las leyes que se producen en Washington se originan en campaña similares a las que orquesta Glassman. La agencia de asuntos públicos tiene un departamento dedicado a alianzas estratégicas qué contribuye regularmente con diferentes ONG y think tanks de manera secreta que luego le sirven para apoyar causas útiles a los clientes de DCI. En ese listado de instituciones no faltan prestigiosos periodistas, asegura la nota de Bloomberg Businessweek.
Los autores explican que Glassman publicó luego del truco de la rata artículos en el Wall Street Journal y en la prestigiosa Foreign Policy defendiendo a una supuesta asociación de contribuyentes tributarios que sostenían el mismo argumento de que Argentina no merecía formar parte del G20. Siempre según Bloomberg, la citada asociación Nacional de Contribuyentes Impositivos estaría en la lista de las ONG auspiciadas por DCI.
Y a medida que Singer avanzaba en sus resultados para obtener el pago de sus bonos, Glassman iba consiguiendo otros fondos que litiga van contra Argentina.
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