Organización guerrillera Montoneros: en los «70 se infiltraban en empresas para sabotearlas, secuestras y asesinar ejecutivos. ¿Las empresas deberán hacerse cargo por los desaparecidos? |
El diario La Nación lanzó una verdadera bomba durante el pasado fin de semana «puente» en el que muchos RR.PP. se desconectaron para descansar: el gobierno kirchnerista estaría tramando un ataque judicial y mediático contra una serie de empresas líderes por su presunta vinculación con desapariciones en la década del 70. Si bien el tema no es totalmente nuevo, el comentario, que pasó prácticamente inadvertido en el sector de las PR, basaría su afirmación en un seminario organizado por la Secretaría de Derechos Humanos días antes de la conmemoración del 24 de marzo, cuando se recuerda el golpe militar contra el gobierno de Isabel Perón, que sería el puntapié inicial de esta nueva ofensiva.
En su editorial, el diario informa que Mercedes Benz, Ford, General Motors, Ledesma, Acindar, La Gaceta, Las Marías, Deutz, Good Year y otras se verían ante un acoso judicial y mediático comparable con la maniobra de la que fueron víctimas los diarios Clarín y La Nación en la causa armada de Papel Prensa, en la que se los acusó de haber obtenido las acciones en la empresa papelera torturando a la viuda del banquero de los montoneros, David Graiver.
Los diarios lograron demostrar mediante el testimonio del hermano de Graiver que la denuncia fue infundada, pero esos medios debieron soportar un fuerte acoso informativo a través de los medios oficiales y oficialistas. La prensa kirchnerista, que informó regularmente sobre el seminario, sumó a la lista nombres como Terrabusi (hoy Kraft) y General Motors.
El diario Tiempo Argentino, del editor kirchnerista Sergio Spolszki, informó que el gobierno creó una «Unidad Especial de Investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica durante la dictadura» y que esa repartición «que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, además de recabar documentación, se encarga de coordinar las posibles acciones legales y de asistir los requerimientos de las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal en las causas o en las investigaciones conexas».
El caso de Mercedes Benz es el más conocido y antiguo, ya que la izquierda reiteradamente señaló a la empresa alemana como responsable de haber suministrado nombres de activistas de su planta a los militares. Entre los elementos que hicieron sobresalir a este caso puntual se cuentan un documental de la alemana Gaby Weber que lo denuncia. Además, el presidente del directorio por aquella época era nada menos que el quíntuple campeón mundial de automovilismo Juan Manuel Fangio, lo que hoy le da más relevancia al caso. Sin embargo, la justicia alemana cerró la investigación por falta de mérito.
Las otras empresas mencionadas por los diarios en ese vínculo prácticamente no fueron involucradas en el tema en los últimos años y hay casos absurdos, como el de Terrabusi, cuyos accionistas vendieron la empresa hace más de una década a la norteamericana Kraft: Terrabusi sobrevive como marca paraguas de una serie de golosinas. También está Acíndar, que hoy forma parte del gigante indio Mittal. Otro caso absurdo es el de General Motors: si bien en los 70 contaba en sus filas a Miguel Bonasso, jefe de prensa clandestino del grupo guerrillero Montoneros, como ejecutivo en su propio departamento de PR, la empresa abandonó completamente la Argentina para volver 20 años más tarde.
Por otra parte, muchas empresas se veían obligadas a dar los nombres de los empleados involucrados en actividades guerrilleras debido a que muchas fueron víctimas permanentemente de tomas de plantas, sabotajes y atentados. Ford, por ejemplo, había sufrido un largo parate de producción debido a la toma de sus instalaciones. La FIAT, por ejemplo, sufrió el secuestro y asesinato de su CEO por parte de grupos terroristas. Los ejecutivos de muchas empresas que en aquel entonces informaban a las autoridades los nombres de los presuntos subversivos que atentaba contra su funcionamiento no podían conocer el cruel destino que les esperaba en manos de los militares argentinos, que aplicaron un ilegal sistema de «desapariciones» de personas en lugar de someterlos a la justicia.
El consultor que trabaja para una de las empresas involucradas en las notas sobre los presuntos planes del gobierno por ponerlas en el banquillo de los acusados para organizar un circo judicial y mediático admitió que no manejan por ahora planes de contingencia comunicacional para ese caso. Otros ejecutivos y consultores consultados admitieron que no tienen aún un plan específico para enfrentar un ataque político y mediático de semejante calibre lanzado por el gobierno argentino.