El
70% de los miembros del Instituto Colegiado de Relaciones Públicas
(CIPR, según sus siglas en inglés) expresaron su desacuerdo con que se
excluya de los registros de lobistas a aquellos in-house o a las
donaciones con fines caritativos.
Sin
embargo, el Gobierno negó que el registro de lobistas que propone sea
discriminatorio, o que vaya en contra de alguna ley de la Unión Europea,
como sugirió la revista PRWeek.
Un
portavoz de la Oficina de Gabinete expresó su desacuerdo con PRWeek:
“Hemos aclarado que la transparencia es el principal objetivo de esta
iniciativa, y es importante que la gente pueda ver a quién representan
cada uno de los lobistas que frecuentan a los ministros”.
La
fecha límite para la consulta, que es supervisada por el subsecretario
de Estado, Mark Harper, es el 13 de abril. Recientemente, Harper
defendió la posición del Gobierno respecto de los profesionales de
asuntos públicos en un evento organizado por el CIPR.
“Cuando
un representante in-house de una empresa viene para verme, el público
sabe qué está pasando y la reunión es transparente. Si alguien de una
agencia viene para verme, nadie sabe a quién representa ─ y eso no es transparente”, explicó.
Harper
coincidió que la definición de lobbying será uno de los aspectos clave
del proceso de consulta, e insistió en que los proyectos del Gobierno
son sólo “un punto de partida”, y que todos los actores involucrados
podrán expresarse para llevar a buen puerto la iniciativa.
El
funcionario agregó que el lobbying juega una parte “valiosa” en el
proceso democrático. “No es el Gobierno que cree que la industria del
lobbying ejerce una influencia excesiva, pero así lo cree una gran parte
de la población”, dijo. “Eso no le hace ningún bien al Parlamento y
tampoco a la industria de asuntos pública. El objetivo tiene que ser
mayor transparencia”.