A horas de una audiencia clave que podría llevar a la Justicia argentina a reabrir la resonante denuncia del muerto (según este servicio, asesinado) fiscal Alberto Nisman contra la cúpula del anterior gobierno de Cristina Kirchner, la DAIA, hoy querellante en la causa, estaría buscando agencia de PR para reforzar su comunicación.
[wcm_nonmember]
Para continuar leyendo, Ingrese a su cuenta o suscríbase a la revista y acceda a todo el contenido haciendo click aquí.
[/wcm_nonmember] [wcm_restrict plans=»estudiantes, extranjeros, premium, free»]La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) es la entidad que agrupa a todas las instituciones de la colectividad judía en Argentina y encarna la defensa política e institucional de los judíos en el país. Luego del cambio de gobierno, la entidad tomó un rol cada vez más activo en la vergonzosa causa Nisman: la sospechosa muerte del fiscal Alberto Nisman, que investigaba el atentado de 1992 contra el centro comunitario judío AMIA, de 1994, en el que murieron más de 80 argentinos, no todos vinculados a la comunidad.
Nisman investigaba no solo los autores del atentado, presuntamente iraníes con conexiones locales importantes, sino también el bochornoso pacto que el anterior gobierno peronista de Cristina Kirchner firmó con Teherán –increíblemente aprobado por el Congreso- para impedir que la justicia local acuse a los funcionarios iraníes sospechados de la voladura de la AMIA.
Misteriosamente apareció muerto en su departamento horas antes de denunciar en el Congreso los supuestos trasfondos de ese acuerdo entre el gobierno argentino y el iraní que convertirían a la presidenta Kirchner y su canciller, Héctor Timerman, en cómplices de encubrir el peor atentado terrorista de la historia en América latina.
No solo no avanzó la causa AMIA y la sospechosa muerte del fiscal, sino que el juez Daniel Rafecas sospechosamente cerró la causa sin tomar en cuenta ni una sola de las cuantiosas pruebas que había aportado el fiscal para demostrar el complot kirchnerista para encubrir al gobierno de Irán, que auspiciaba al grupo terrorista Hezbolá.
No solo Rafecas y el fiscal De Luca, sino buena parte de los jueces y fiscales colocados por el kirchnerismo, son sospechados de ayudar a encubrir la participación de los ex funcionarios en la muerte de Nisman para frenar la gravísima denuncia del fiscal muerto.
Fuentes cercanas a la DAIA aseguran que en la entidad –que a su vez nuclea a decenas de subentidades- el debate sobre la necesidad de destinar presupuesto para la comunicación no cesa, pero ya habrían citado a exponer propuestas a algunas agencias de PR. Entre ellas estuvo la consultora de Orlando Molaro e Inés Peralta Ramos, MPR Comunicación, de larga trayectoria en trabajar para entidades judías. Fue anteriormente la agencia del grupo IRSA y en el arranque del gobierno de Mauricio Macri asesoró a la número dos de la central de inteligencia AFI, Silvia Majdalani.
La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme una audiencia, el lunes 19 de diciembre, para analizar si reabre la investigación por la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández por encubrimiento a Irán en el atentado.
Esa audiencia, como todas, será oral y pública. La DAIA ya adelantó que argumentará por escrito y se espera qu el abogado del ex canciller Héctor Timerman, Alejandro Rúa, exponga en forma verbal.
Es que la Sala I de Casación rechazó el planteo de postergación del fiscal Javier De Luca y del defensor del ex canciller Héctor Timerman. De Luca había pedido la suspensión porque iba a estar de licencia, mientras que el abogado Alejandro Rúa, en nombre de Timerman, había alegado que por una cuestión de notificaciones la audiencia debía concretarse después de diez días hábiles del 22 de noviembre.
Pero los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos rechazaron los dos planteos y ratificaron la audiencia para las 10 de la mañana del 19 de diciembre.
La investigación hasta ahora nunca se abrió a prueba, porque en dos oportunidades el juez federal Daniel Rafecas y la Sala I de la Cámara Federal consideraron que no existió delito.
El año pasado el fiscal De Luca desistió de apelar el fallo ante Casación y esta vez siguió ese criterio, pero esta vez se presentó la DAIA como querellante para impulsar la causa.
La decisión de Figueroa, Hornos y Borinsky llega rodeada de escándalo, porque los dos últimos jueces, en su rol de subrogantes, fueron apartados la Sala I a partir del 2017.Aunque pueden resolver, si la causa llegara a abrirse ya no intervendrán en futuros planteos que puedan llegar al máximo tribunal penal, indicaron a DyN fuentes judiciales. Si la Sala I de Casación se inclinara por la apertura de la causa, también podrían definir que el caso ya no se instruya en manos del juez Rafecas, quien en dos oportunidades cerró la causa. Hay otro expediente en el juzgado de Claudio Bonadio, en donde se analiza una denuncia por por “traición a la patria”.[/wcm_restrict]