«Es la opinión de
la PRSA que SOPA y PIPA, así como están redactadas, llegan demasiado
lejos y amenazan a la innovación y el desarrollo de Internet. Los
consumidores debieran tener acceso a contenido legítimo. Dueños de
derechos de autor deben tener formas prácticas de proteger su trabajo
que también consideren servir al interés público. Y las empresas de
tecnología deben estar libres de cargas regulatorias excesivas.»
El
comunicado de la PRSA sigue que «tomamos como signo de esperanza de que
hay voluntad de compromiso para balancear todos los intereses en juego
que los legisladores deseen revisar ambos proyectos».
El
comunicado de la PRSA concluye que «es nuestra esperanza de que los
legisladores no impedirán el crecimiento de Internet o del acceso del
público a contenido online mediante leyes que apuntan a censurar o
perseguir innecesariamente a proveedores de contenido y motores de
búsqueda de forma arbitraria y caprichosa.
Las autoridades
policiales de Estados Unidos, al ordenar al día siguiente que se cajoneó
la ley, la captura, en Nueva Zelanda, de los dueños del site de
descargas de archivos Megaupload, involuntariamente demostraron que esas
leyes no son necesarias para ponerle fin a la piratería de contenidos.