La consultora de comunicación española Llorente & Cuenca ha anunciado la contratación de la venezolana Antonieta Mendoza de López, madre del opositor venezolano en arresto domiciliario Leopoldo López, como vicepresidenta de ‘Advocacy’ (comunicación de lobbying) para Latinoamérica.
Mendoza cuenta con más de 25 años de experiencia internacional en comunicación y asuntos corporativos en grandes empresas latinoamericanas como la petrolera PDVSA o el grupo de medios de comunicación Cisneros, propietario del canal venezolano Venevisión; así como en la defensa de los Derechos Humanos y como fundadora del capítulo venezolano del International Women’s Forum.
En la consultora española se encargará de liderar «proyectos y acciones de mediación y relacionamiento político e institucional a nivel internacional», principalmente en América Latina, según ha informado Llorente & Cuenca, labor que realizará en Madrid y América Latina.
Mendoza ha asegurado estar «muy ilusionada con este nuevo reto» que conjuga su «experiencia profesional corporativa» y su «vertiente institucional».
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Con el lanzamiento de esta nueva área de especialidad, la firma de consultoría busca ofrecer productos diferenciados al mercado de alto valor añadido. En palabras de José Antonio Llorente, socio fundador y presidente de la agencia, “la creación de esta nueva área de ámbito latinoamericano responde a las necesidades de nuestros clientes de contar con equipo experto capaz de asesorar en proyectos multipaís, que a menudo requieren de una labor de mediación y activismo internacional que Antonieta conoce a la perfección. Su experiencia y profundo conocimiento de las relaciones político institucionales latinoamericanas nos va a permitir contar con un criterio y una interlocución del máximo nivel en espacios tanto gubernamentales, como políticos, institucionales y corporativos en América latina”.
Por su parte, el líder opositor venezolano Leopoldo López, del partido Voluntad Popular, acaba de cumplir cuatro años en prisión, aunque ahora se encuentre en arresto domiciliario, sin poder ejercer la política.
En 2015, en un juicio en el que no se le permitió aportar pruebas ni testigos, fue condenado a casi catorce años de prisión por instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir. Pero a su abogado, a su familia y a una gran parte de los venezolanos y de la comunidad internacional no les cabe duda de que su único delito fue expresarse contra el chavismo.
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